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Los libreros temen desaparecer por el fin de las ayudas para libros de texto

La Librería Multicolor, inaugurada en 1928, es una de las más emblemáticas de Madrid. Situada en la calle Arenal, junto a la Puerta del Sol, podría tener los días contados. Su encargado, Juan Antonio del Valle, está intranquilo. La eliminación de las ayudas para la compra de libros de texto por parte del Gobierno de Madrid le inquieta. “Nos arruinará completamente”, denuncia. El pasado curso, 311.252 alumnos de Primaria y Secundaria percibieron el cheque-bono, con una dotación de entre 90 y 110 euros por escolar. “Cerca de un 50% de los clientes empleó los cheques de la Comunidad”, asegura Del Valle. Y no se equivoca: el total de alumnos de estos niveles educativos durante el pasado curso fue de 633.126 -entre públicos, concertados y privados-, por lo que el 49,16% se benefició.
Como otras tantas librerías de Madrid, su “supervivencia” pasa por la campaña de venta de estos libros, que se desarrolla durante el verano y los meses de septiembre y octubre. “Hay que vender muchísimo para mantener el negocio, y eso solo se consigue con el libro de texto”. El pasado 3 de julio, la Asamblea aprobaba los nuevos presupuestos para el ejercicio 2012 y, entre los recortes, se incluyó la supresión de las becas de libros de texto para el próximo curso. A cambio, el Ejecutivo regional anunció la implantación de un sistema de préstamo de ese material en los centros educativos al que se podrán acoger las familias con menos recursos económicos. La medida supone la transferencia directa a los centros de los fondos necesarios para la compra y gestión de los libros, que se adquirirán cada cuatro años. “Todavía no sabemos el plan de compra que pretenden instaurar, pero si se hace directamente con las editoriales, estamos perdidos”, augura Del Valle.

 El pasado curso 310.000 familias percibieron el cheque-bono.

 La presidenta de la Asociación de Libreros de Madrid, Pilar Gallego, también muestra su preocupación. “La tarjeta-monedero que brindaba la Comunidad aseguraba nuestra actividad. Eran los padres los que elegían libremente dónde comprar. Con el nuevo sistema, nos veremos abocados a cambiar el modelo de negocio y puede suponer el cierre de muchas librerías”. Con unas 200 empresas adscritas a esta asociación, la presidenta denuncia que en la última entrevista que mantuvieron con la consejera de Educación, Lucía Figar, no se les informó del cambio. “El libro de texto es una parcela importante de facturación para muchos de los asociados”, añade.

En la calle de los Libreros, junto a la Gran Vía, hace tiempo que se dejaron de formar colas para la adquisición de libros escolares, pero todavía hay algunos comercios que viven de ello. Carmen Chillón despacha en la Librería Fortuna, en funcionamiento desde 1936. Su reacción no dista de la Del Valle: “Si los centros empiezan a comprar los libros, nuestras ganancias caerán en picado. Supondrá nuestro cierre”. Como su compañero del gremio, estima que gran parte de los clientes empleó el cheque-bono el pasado curso. Chillón barre para casa: “Si la cuestión es el ahorro, nosotros ya vendemos libros de texto de segunda mano a un precio bastante reducido”. A pocos metros, Luis Derecho, de la Librería Madrid, desprende optimismo. “Esperamos que la Comunidad se solidarice con nosotros y la compra de libros por parte de los centros se haga a través de las librerías”.
“Lo han hecho fuera de plazo y sin contar con la opinión del sector”. Es lo que opina el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), José Moyano, que tampoco está satisfecho con las “maneras” de la consejería. Aunque están a la espera de que se concrete el plan, critica que el departamento que dirige Figar no les haya comunicado oficialmente el nuevo sistema. “Va contra el programa electoral del PP y la calidad de la educación”, opina. La asociación aglutina a unas 40 empresas ligadas a la edición educativa, entre ellas Santillana —del grupo PRISA, editor de EL PAÍS—, Anaya o SM. Moyano asegura que, como cada año, las familias están realizando sus pedidos en las librerías y las editoriales han empezado la distribución. “Están alterando la cadena de comercialización del libro, con muchos puestos de trabajo detrás”. En caso de registrar pérdidas, estudiarán pedir “responsabilidad patrimonial” a la Administración autonómica. “Hemos solicitado una reunión urgente con Figar y estamos a la espera de una respuesta”.

Becas libros de texto

La Comunidad de Madrid puso en marcha el sistema de ayudas para libros de texto en el curso 2006-2007 para los alumnos de Primaria y Secundaria, con una cuantía de entre 90 y 110 euros por escolar.
Beneficiarios:
  • 2006-2007: 223.505
  • 2007-2008: 293.369
  • 2008-2009: 303.133
  • 2009-2010: 311.186
  • 2010-2011: 299.974
  • 2011-2012: 311.252

Durante el curso 2011-2012, el total de alumnos de primaria y secundaria fue de 633.126. Recibió la ayuda casi el 50% de escolares.


Los editores estudiarán pedir "responsabilidad patrimonial" en caso de registrar pérdidas
En otro punto de la ciudad, en el barrio de Argüelles, la Librería Gaztambide se suma a la rebelión de los vendedores tradicionales. “Con los best-sellers no nos mantenemos, las grandes superficies comerciales nos comen”, explica el propietario Cristóbal González, que acumula más de 25 años detrás del mostrador. En lo que a la venta de libros de texto se refiere, los libreros son los “amos”. “No pueden competir con nosotros en ese terreno. Conocemos al detalle cada una de las publicaciones y proporcionamos las listas de libros enteras. Hace años que el cliente volvió a nuestros brazos”. Ahora el problema no son las grandes superficies, sino la supresión de las ayudas. “Nos condenarán al cierre”, dice sin mostrar duda alguna.
Desde la Consejería de Educación, desconocen el dinero que destinarán finalmente al sistema de préstamos de libro y están a la espera de conocer los fondos que el Ministerio de Educación transferirá a las comunidades autónomas en concepto de Becas y Ayudas. Tampoco han fijado el plan para la compra de libros por parte de los centros, aseguran fuentes de la consejería.

El País

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